FUJIMORAZO JUDICIAL DE FERNANDO LUGO

Fujimorazo judicial de Lugo
Disolver el Parlamento es el sueño de todo aprendiz de dictador, y según todos los indicios, el promocionado obispo con hijos Fernando Lugo no iría a ser una excepción.


Uno de los últimos en cumplir el mayor anhelo de todo déspota en la región había sido el presidente peruano Alberto Fujimori, quien dio su autogolpe el 5 de abril de 1992.

Emergido entre las llamas de la violencia terrorista, Fujimori –quien nunca dejó de ser japonés, según se supo después- demostró tener tan pocos escrúpulos como para aplicar el programa económico que le criticó a Vargas Llosa, enfrentar desafíos reales e inventarse otros según la conveniencia, desafiar a los políticos parlamentarios y a los partidos con tradición, y hasta abrazarse con los militares para implantar un gobierno autoritario.

Veinte meses había jugado Fujimori bajo reglas democráticas. Después creyó poder arrojar a la democracia al basurero de la historia y de la mano de su oscuro asesor Vladimiro Montesinos, gobernó con mano dura hasta que la corrupción al desnudo hizo desplomar a su régimen en 2000.

Hoy sabemos que Fujimori fue cabeza de un gobierno gansteril, que cometió genocidios, saqueos e hirió de muerte a la institucionalidad. Por mucho tiempo los alcahuetes del “Chino” –como era conocido popularmente en el Perú- tanto en la política como en la prensa internacional acompañaron las mentiras y el ocultamiento de la realidad, tal como lo vienen haciendo con el nuevo engendro de la maquinaria, el cura con hijos de Paraguay.

El azaroso destino quiso que el final de la película sea visto por Fujimori desde una prisión. ¿Será diferente para el obispo con hijos Fernando Lugo?

Fiel a su estilo de arrojar la piedra y esconder la mano, el cura Fernando Lugo ha intentado negar su participación en el conato de golpe judicial que vivió el Paraguay en Nochevieja.

Eso luego de que varios de sus aliados e incluso su asesor jurídico aparezcan en la prensa aplaudiendo las medidas judiciales que anulan la atribución parlamentaria de someter a Juicio Político a los magistrados e incluso al presidente paraguayo.

El resultado de la dictadura clero-fascista en ciernes, manejada por un cura taimado que ya implantó el marionetismo en el Poder Judicial, y que busca hacer lo mismo con el Parlamento al que ya cercenó sus principales atribuciones, tarde o temprano derivará en los excesos similares a los cometidos por los militares peruanos, solo que esta vez los perpetrarán los milicianos del ejército popular campesino que responde al obispo-dictador.

El “cambio” como excusa para cometer arbitrariedades y cercenar atribuciones de las instituciones democráticas no es un invento del gobierno arzobispal del Paraguay, encabezado por el cura con hijos, Fernando Lugo.

Alberto Fujimori, haciendo uso de los poderes fácticos y la violencia decidió, el 5 de abril de 1992, disolver el Congreso peruano y suspender las actividades del Poder Judicial.

La coartada fue idéntica a la que hoy utiliza Fernando Lugo, maniobrando desde las sombras y escondiendo la mano tras arrojar la piedra:

“ni el Parlamento, ni el Poder Judicial son hoy por hoy agentes de cambio, sino más bien freno a la transformación y el progreso”. (Alberto Fujimori, con el mismo discurso de Fernando Lugo, el 5 de abril de 1992)

Fujimori inició entonces un gobierno de emergencia al que se bautizó como Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, que fue tildado como autoritario y dictatorial, en el cual se cometieron abusos por los cuales hoy se encuentra en prisión.

El investigador del Centro de Derechos Humanos de Nuremberg Esteban Cuya realizó años atrás una cruda descripción de lo que significó la dictadura de Fujimori para el Perú. Aspirando la perpetuidad en el poder, Fujimori y sus allegados pervirtieron el ejercicio de la política, y desconocieron la voluntad de cerca de 1 millón y medio de peruanos, que con sus firmas demandaron la realización de un Referéndum en contra de la llamada “Ley de Interpretación Auténtica”, aprobada por Fujimori para facilitar una nueva e ilegal reelección presidencial.

Decía el experto que “La sumisión al poder de Fujimori permite por ejemplo que la señora Blanca Nélida Colán se mantenga más de seis años como soberana de la Fiscalía de la Nación, y que en lugar de defender los intereses del Estado y de la sociedad peruana, haya concentrado sus esfuerzos en lavarle la cara, con el dinero de todos los peruanos, tanto a Fujimori, como a su asesor Vladimiro Montesinos, y al general golpista Nicolás Hermoza Ríos, entre otros personajes de la farándula política del Perú”

Tal como hoy sucede con el entorno de Fernando Lugo en Paraguay, la Sra. Blanca Nélida Colán pronto logró comprarse una mansión avaluada en US$ 750,000. Como hoy sucede en Paraguay, quien nombra en puestos públicos a hijos no reconocidos y yernos, y autoriza lo mismo a su secretario Miguel López Perito, tanto Fujimori, como su asesor Montesinos, regalaron puestos de trabajo a sus hermanos, hijas, sobrinos, y otros familiares directos e indirectos en funciones de gran responsabilidad, incluidos puestos de asesores ministeriales, diplomáticos, representantes en el exterior, jefes militares, sin considerar para nada la falta de calificación o de competencia para ejercer digna y eficientemente dichos puestos.

Así como Fernando Lugo intenta amputar atribuciones al Congreso, Fujimori anuló arbitrariamente las principales funciones asignadas al Consejo Nacional de la Magistratura (organismo que fiscaliza la conducta funcional de los jueces) y a la Academia de la Magistratura, para después poder colocar a algunos jueces ineptos y corruptos en tribunales claves.

Números de Cuya afirmaban que más de 18,000 de los cerca de 26,000 presos que existían entonces en las cárceles del Perú acusados de diversos delitos se encontraban como “inculpados”, es decir, que tanto ellos como el poder judicial ignoraban el motivo real de su estancia en la prisión. Simplemente no fueron sido juzgados. Pueblos enteros en los Andes peruanos que vivían bajo el temor de la captura por parte de la policía y del ejército, acusados de haber apoyado colectivamente la subversión. Miles de peruanos se encontraban en la condición de requisitoriados por los tribunales militares y civiles, sin que ellos mismos lo sepan.


Luis Agüero Wagner.